El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros. Estos riesgos no solo comprometen la integridad financiera, sino que también socavan la legitimidad de las operaciones comerciales.
Luis Enrique Sánchez Sánchez, socio líder de RAS de BDO en Colombia, y Adriano Mucelli, director ejecutivo de BDO en Estados Unidos, explican cuál es la tendencia actual en fraude corporativo y corrupción en nuestro país. También ahondan sobre qué están haciendo las empresas para alinearse a estas prácticas, qué dicen las leyes, qué se debe hacer cuándo hay sospechas de fraude y corrupción, cómo se responde a las denuncias y cuáles son las recomendaciones.
De acuerdo con los expertos, el proceso de debida diligencia para terceros se convierte en una herramienta fundamental para fomentar relaciones éticas y sostenibles, mitigando los riesgos asociados al fraude y la corrupción.
Sobre cuáles son las medidas proactivas que toman los altos ejecutivos en Colombia para reducir la incidencia de fraudes, Sánchez señala que, “en nuestra experiencia, y según lo que hemos observado en la comunidad empresarial, las compañías han implementado varias medidas proactivas para salvaguardar su reputación, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar las pérdidas financieras debido al fraude”.
Reglamentación en Colombia frente a estos hechos
El país refleja un esfuerzo por promover una cultura de protección efectiva en las empresas colombianas, contando con la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dirigida a fortalecer la prevención y sanción de actos de corrupción. Esta iniciativa es liderada por la Comisión Nacional de Moralización y coordinada por el vicepresidente de la nación.
Sánchez y Mucelli resaltan la importancia de la protección para los denunciantes a través del marco regulatorio, las organizaciones tanto del sector público como del privado han implementado estrategias como marcos éticos para que los empleados presenten quejas e irregularidades. Sin embargo, se siguen enfrentando represalias como la posibilidad de suspensión, despido, degradación laboral, coacción, intimidación y riesgos para su integridad física.
Frente a ello, Luis Fernando y Adriano brindan cinco recomendaciones clave para que las empresas implementen y mantengan un proceso sólido de gestión de riesgos de fraude y corrupción:
- Establecer y comunicar un programa de gestión de riesgos de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección.
- Realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos de fraude para identificar esquemas específicos y evaluar su probabilidad e impacto potencial.
- Implementar actividades de control preventivo y detectivo para reducir la posibilidad de que ocurran eventos fraudulentos con terceros.
- Establecer un proceso de comunicación para obtener información sobre posibles fraudes y llevar a cabo investigaciones coordinadas y acciones correctivas.
- Realizar evaluaciones continuas y reportar deficiencias en el programa de gestión de riesgos de fraude para tomar medidas correctivas.
En caso de tener una sospecha sobre fraude, es fundamental construir un equipo de investigación multidisciplinario, preferiblemente con expertos externos para garantizar la objetividad e independencia, recopilar evidencia con el debido cuidado para preservar la cadena de custodia y llevar a cabo una investigación exhaustiva. Una vez que se confirma el fraude deben implementarse medidas correctivas y comunicar los resultados a las partes relevantes.
Finalmente, los expertos manifiestan la importancia de acciones concertadas y proactivas por parte de las empresas, ante el desafío del fraude corporativo y la corrupción, así como la promoción de una cultura de integridad y transparencia en todos los niveles organizativos.