El decreto 0240 de 2026, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se adoptan medidas tributarias adicionales destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el decreto 150 del 11 de febrero de 2026 en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó en virtud de eventos hidrometeorológicos severos.
En materia tributaria, el decreto incorpora cuatro grandes medidas: (i) En materia de impuesto al consumo, el decreto incorpora un nuevo hecho generador consistente en la prestación de servicios de juegos de suerte y azar operados por internet. Para estos efectos, se establece que el impuesto se causa sobre los depósitos en dinero que los usuarios realicen a las plataformas autorizadas para participar en las apuestas. La tarifa aplicable es del 16%, y la base gravable corresponde a los ingresos brutos del juego (GGR), entendidos como el total de las apuestas realizadas menos los premios pagados durante el bimestre correspondiente. (ii) Respecto del impuesto al patrimonio el decreto extiende la sujeción pasiva a las sucursales y establecimientos permanentes de entidades del exterior. Para estos nuevos sujetos, el impuesto se causa por la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 31 de marzo de 2026.
Así mismo, se crea el impuesto complementario de Normalización Tributaria, con una tarifa del 19%, aplicable a activos omitidos, subvalorados o pasivos inexistentes poseídos al 1 de abril de 2026, sin generar renta líquida, comparación patrimonial ni sanciones derivadas de su inclusión. Finalmente, el decreto establece alivios tributarios, que contemplan reducciones transitorias de sanciones e intereses para obligaciones en mora, beneficios por omisión o corrección de declaraciones, mecanismos de subsanación de deberes formales mediante pagos proporcionales sobre ingresos o patrimonio, y facultades a la DIAN para conciliaciones contencioso-administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria.
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