A pesar de los retos económicos enfrentados en los últimos años, la globalización económica continúa evolucionando y transformándose de manera sostenida. El comercio internacional avanza hacia una integración cada vez más profunda, impulsada por el auge de la economía digital, lo que ha intensificado y diversificado las operaciones entre las empresas. Paralelamente, las crisis económicas han generado una creciente demanda de recursos, fomentando un entorno caracterizado por un incremento en los controles fiscales.
Desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, emprendió la revisión sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), los gobiernos de todo el mundo han adoptado una postura más rigurosa frente a estructuras percibidas como mecanismos de evasión fiscal.
En América Latina, estas iniciativas han sido incorporadas en las legislaciones locales, fortaleciendo los marcos normativos para el intercambio de información y dotando a las autoridades fiscales de herramientas más avanzadas y sofisticadas. Como resultado, se ha registrado un aumento significativo en las auditorías relacionadas con precios de transferencia.
Este dinamismo por parte de las autoridades tributarias ha dado lugar a un notable incremento en la jurisprudencia vinculada a los precios de transferencia. Las Cortes Supremas de diversos países de América Latina han asignado un papel central a la documentación de soporte y a la sustancia económica en las operaciones entre empresas, emitiendo fallos tanto favorables como desfavorables para los contribuyentes.
En este contexto de constante cambio y desafíos, las operaciones intercompañía, tanto locales como internacionales, se han convertido en un tema prioritario para los actores económicos, consolidándose el régimen de precios de transferencia como una materia de gran relevancia y actualidad.
Este entorno dinámico exige que las entidades evalúen continuamente sus políticas, la implementación y los resultados de sus operaciones intercompañía. Es fundamental contar con análisis robustos y estrategias de defensa bien fundamentadas, apoyadas en herramientas tecnológicas que, hoy más que nunca, desempeñan y seguirán desempeñando un rol crucial para minimizar la exposición a ajustes y controversias fiscales.
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