En la actualidad, la sostenibilidad como eje de la gobernanza corporativa ha dejado de ser una opción voluntaria o un simple componente reputacional. En Colombia, siguiendo la evolución normativa y de mercado en otras jurisdicciones desarrolladas, este concepto ha comenzado a consolidarse como un requisito legal y estratégico, directamente vinculado con la responsabilidad de la Junta Directiva y los administradores como garantes de la integridad, la legalidad y la perdurabilidad de las organizaciones en el tiempo.
Aterrizando los principios de buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, el deber de realizar los esfuerzos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto social, y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se extienden a la incorporación efectiva de criterios ambientales, sociales, de gobernanza, económicos y financieros (ASG+EF) en las decisiones corporativas, en la estrategia de negocio y en la rendición de cuentas ante los diferentes grupos de interés.
El gobierno corporativo hoy en día está directamente relacionado y es parte fundamental de una gestión integral de riesgos, el direccionamiento estratégico de las organizaciones y una herramienta esencial para la materialización de los deberes fiduciarios de diligencia y lealtad. La junta directiva debe asegurarse de que el sistema de control interno y la administración de riesgos incluyan mecanismos efectivos para anticipar, mitigar y reportar riesgos ASG+EF, tanto para proteger el valor presente de la organización, así como para garantizar su perdurabilidad en un entorno en constante evolución.
Evidencia de este avance es la estandarización de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la divulgación de información sobre sostenibilidad —social, ambiental y climática— por parte de los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y de las sociedades bajo su vigilancia. Esta alineación con estándares internacionales como TCFD, SASB y GRI se ha convertido en un marco obligatorio que impone nuevas exigencias en la revelación de información.
En esta misma línea, y aunque inicialmente de carácter voluntario, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha dado pasos significativos hacia la adopción de reportes de sostenibilidad basados en estándares internacionales. Esto marca un hito importante y constituye un incentivo que refleja y anticipa la tendencia hacia una mayor exigencia legal e inminente obligatoriedad en la materia al establecer parámetros mínimos que deben cumplir las empresas que presentan informes de sostenibilidad.
El principio de responsabilidad fiduciaria, tradicionalmente centrado en la rentabilidad y el valor para los accionistas, se amplía hacia una noción de valor sostenible, donde el impacto sobre los trabajadores, las comunidades, el ambiente y la reputación se convierte en un criterio de decisión tan relevante como el retorno financiero. Este enfoque más amplio redefine el rol del gobierno corporativo, exigiendo de los órganos de administración una gestión estratégica que integre consideraciones ASG+EF, no solo como una premisa de cumplimiento, sino como parte integral de la creación de valor a largo plazo.
Estas nuevas tendencias normativas implican también un cambio cultural y de mentalidad. La divulgación de información deja de ser únicamente un requisito de cumplimiento regulatorio para convertirse en una herramienta estratégica que promueve la transparencia, mejora la toma de decisiones y fortalece la confianza con los grupos de interés. Esto representa un pilar esencial del gobierno corporativo al asegurar una supervisión activa no solo sobre la calidad y profundidad de la información que las organizaciones revelan, sino también sobre los impactos reales que generan las operaciones de las empresas.
Por su parte, los administradores tienen el mandato de implementar esta visión desde la gestión diaria traduciendo los objetivos estratégicos en métricas claras, decisiones responsables y procesos coherentes con los valores corporativos. Las funciones tanto de la junta directiva como de la administración deben estar claramente definidas y alineadas en propósito y compromiso.
En conclusión, la sostenibilidad ha dejado de ser “deseable” para convertirse en “inaplazable”. Tanto la junta directiva como la administración deben asumir un rol activo y deben ejercer un liderazgo informado, coherente y ético. Cumplir con las exigencias regulatorias no es suficiente: la verdadera gobernanza moderna exige integrar la sostenibilidad como una expresión concreta de responsabilidad y visión de largo plazo.
*Artículo publicado en: Boletín No. 70- mayo 2025 de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. La Red Latinoamericana de Cumplimiento (también conocida como RedLatCump o simplemente “Faro”® es una organización sin ánimo de lucro, fundada en Colombia en diciembre de 2017 (o marzo de 2018 según algunas fuentes) Su propósito es impulsar los más altos estándares de integridad empresarial y buen gobierno corporativo en organizaciones tanto públicas como privadas de América Latina.
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