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  • ¿Qué sabemos de la Ley de pagos a plazos justos?
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¿Qué sabemos de la Ley de pagos a plazos justos?

04 agosto 2020

Por virtud de la Ley 2024 de 2020, los comerciantes o quienes ejerzan actos de comercio y los contratistas, proveedores y subcontratistas en sus relaciones estarán obligados a cumplir con el pago de sus obligaciones contractuales en un máximo de 45 días (60 durante el primer año y en general para el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los contratos estatales).

Se trata de una ley con una buena intención en la que el legislador busca proteger a las Mypymes que sufren sustancialmente en su día a día, con el pago a plazos de 90 y hasta 120 días desde el vencimiento de las facturas, o más, y que encuentran en esto una limitación para cubrir sus costos y tornarse en una empresa rentable.

Las disposiciones de la norma tienen un carácter imperativo, es decir que ni aún por mutuo acuerdo de las partes se podrá pactar en contrario a lo anterior, so pena de que se entienda ineficaz lo pactado y de la posible imposición de sanciones administrativas.

No obstante, el remedio puede ser peor que la enfermedad, la Ley en razón a su interés de proteger a las Mypymes, excluye a las contrataciones entre grandes empresas de sus disposiciones, generando así un incentivo no pretendido a que las grandes empresas contraten entre ellas, pues podrán pactar plazos mayores para el pago de las obligaciones.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que las empresas deberán en virtud de esta norma recibir los pagos en plazos menores, también las Mypymes no podrán estipular plazos mayores para cubrir sus propias obligaciones, mientras que para las grandes empresas si será posible. Eso sí, solo si contratan con otra gran empresa.

Aunado a lo anterior, si bien en un principio un pago en un plazo menor puede parecer más justo, también lo es que, una norma de carácter imperativo limita en demasía la autonomía de la voluntad probablemente tratando de evitar algunas disposiciones leoninas, pero, eliminando posibilidades de ofrecer financiación.

Para tratar de evitar esto último, la ley trae dentro de sus excepciones aquellos contratos en los cuales los plazos diferidos sean propios de su esencia, no obstante, esto no incluye contratos en los que su esencia puede no ser el pago en plazos diferidos pero la estipulación de estos permita el financiamiento óptimo de la operación mercantil y sin ella sea muy posible que no se puedan llevar a cabo. Por lo que, resultará de vital importancia la forma en la que esté redactado el contrato para que el pago a plazos constituya un elemento esencial del mismo.

Además de los contratos en los que el pago a plazos sea parte de la esencia, se excluirán también de la norma los pagos efectuados en razón a una operación comercial que esté sujeta a normas de protección al consumidor y aquellas deudas sometidas a procedimientos concursales.

Finalmente, es posible que el legislador en sus buenas intenciones de solucionar una realidad que estaba afectando a las Mypymes, al regular una falla existente en el mercado, se haya precipitado y creado una barrera innecesaria en el mercado del factoring que está teniendo un gran auge en el país y en el cual las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el sector Fintech en general, han encontrado un modelo de negocio que podría en todo caso ser una solución natural del mercado sin necesidad de intervención estatal.

Artículo escrito por Mauricio Liévano Mejía / Abogado Junior BDO en Colombia