Por: Juan Camilo Campos, socio de Auditoría y líder de la industria de recursos naturales y energía de BDO en Colombia.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado algunas acciones para la adopción e implementación de energías verdes en Colombia. Uno de los pasos más importantes fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, que establece políticas públicas para la transformación productiva del país y la promoción de una transformación energética progresiva.
Aunque falta todavía definir una hoja de ruta más detallada —estimada para febrero de 2024— el PND es un avance hacia el cumplimiento de metas de desarrollo sostenible, pues en él se establecen objetivos más específicos para la adopción de energías limpias, como el de aumentar sustancialmente la generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable durante el cuatrienio hasta alcanzar 2.297 megavatios. Este compromiso implica la coordinación de diversos actores en la economía.
Sin embargo, la transición hacia las energías verdes en Colombia es compleja. Una de las principales urgencias es asegurar consensos sobre cómo llevar a cabo esta transición con el sector privado y las comunidades. Por ejemplo, se requiere la firme intervención del Estado para asegurar que las comunidades comprendan los beneficios de proyectos verdes, y no se paralicen más proyectos como el de Enel en la Guajira. Tal mediación ayudará a que Colombia viabilice una mayor inversión extranjera y aproveche al máximo su alta radiación solar y sus vientos rápidos.
Los desafíos no solo incluyen la financiación de una matriz energética más limpia sino también la diversificación de la demanda de energía. Por ejemplo, hoy el sector del transporte, que representa el 41% del consumo energético, depende en su mayoría (95%) de combustibles fósiles, por lo tanto, debemos pensar en cómo transitar más rápidamente a una movilización con energías limpias. Esto pone de manifiesto la necesidad de grandes inversiones en la transformación, no solo de las personas y empresas, sino del Gobierno para crear los incentivos apropiados. El sector privado puede aprender de las experiencias en otras latitudes; BDO en España, ha observado como las inversiones de las empresas en eficiencia energética y electrificación, han sido financiadas con numerosos fondos alternativos de deuda y/o híbridos (capital y deuda) para la transición, que facilitan la financiación basados en acuerdos tripartitos entre un tecnólogo (normalmente empresa instaladora), el cliente que necesita las inversiones y los financiadores. Dichas inversiones que suponen unos desembolsos iniciales significativos para las empresas han ofrecido rentabilidades interesantes, o bien mejoras en la competitividad. Esto es solo un ejemplo de cómo en Colombia podemos implementar mecanismos novedosos para financiar la transición energética, pero puede haber muchos más.
Por último, hay que destacar que el sector de hidrocarburos también es vital para la financiación de la transición, pues tiene un peso del 7% del PIB nacional; y si no se asignan nuevas áreas de exploración perderíamos esos ingresos y se vería afectada la soberanía energética; al final ningún país querría importar crudo, cuando posee reservas en su subsuelo.
Para conocer la entrevista completa a Juan Camilo Campos sobre este tema: