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La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 (que fijaba un incremento del 23% del salario mínimo para 2026) debe entenderse como una medida temporal dentro de un proceso judicial en curso. No se trata de una anulación definitiva, sino de una suspensión preventiva mientras se analiza judicialmente si los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados para fijar el incremento se ajustan al marco normativo y constitucional aplicable.
En términos prácticos, el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto transitorio en los próximos días, el cual regirá mientras se adopta la decisión de fondo, que puede tardar varios meses. Hasta tanto no se emita ese nuevo decreto, se mantiene vigente el aumento del 23% inicialmente decretado por el Gobierno.
En cuanto al debate judicial, la discusión central gira en torno a los criterios utilizados para determinar el incremento, particularmente el uso del concepto de “salario vital” frente a los parámetros legales tradicionales como inflación y productividad, asunto que será definido por el Consejo de Estado en el análisis de nulidad.
Más allá del debate técnico, es fundamental resaltar que este proceso se está desarrollando dentro del marco institucional colombiano. La intervención del Consejo de Estado demuestra el funcionamiento normal de los mecanismos de control judicial y la separación de poderes prevista en la Constitución. Este tipo de actuaciones refuerza la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa, elementos clave para la confianza de inversionistas, trabajadores y clientes.
En BDO acompañamos a las organizaciones en la evaluación del impacto financiero, laboral y estratégico de este tipo de decisiones regulatorias. Nuestro equipo está disponible para resolver inquietudes, modelar escenarios y apoyar la planeación adecuada en este entorno dinámico, siempre bajo un enfoque técnico y preventivo.
Ingrid Barrero
Senior Manager Legal