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El Auto 533 de 2026 emitido por la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la aplicación del decreto 173 de 2026, en lo que respecta a: i) entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y ii) las personas jurídicas que se encuentren en liquidación al 29 de abril de 2026.
Como justificación a su decisión, en primer lugar, la Corte concluyó que el cobro total del impuesto al patrimonio a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial generaría afectaciones a derechos fundamentales, especialmente a la educación, el trabajo y al mínimo vital, en la medida en que dichas entidades desarrollan actividades meritorias de interés general cuya financiación se ve directamente comprometida por la disminución de los recursos ocasionada por el pago del impuesto.
En segundo lugar, respecto de las personas jurídicas en procesos de liquidación, se advierte que estas ya no pueden realizar su objeto social, por lo que el pago del impuesto al patrimonio impacta sobre recursos que no se encuentran disponibles para una actividad productiva, sino destinados a la satisfacción estricta de obligaciones dentro del proceso liquidatorio.
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